La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) efectuó una operación masiva en el sitio de construcción de una planta de baterías de Hyundai en el estado de Georgia. Las autoridades anunciaron la detención de 475 personas por presunta estancia ilegal y delitos relacionados; entre los detenidos había cerca de 300 ciudadanos surcoreanos y tres japoneses.
Desarrollo de la operación y condiciones de detención Según imágenes y reportes, agentes armados inmovilizaron y esposaron a decenas de trabajadores en el lugar. Muchos de los detenidos fueron trasladados a un centro de detención local, descrito por medios surcoreanos como en condiciones insalubres, con denuncias previas de malos tratos y deficiencias sanitarias.
El presidente surcoreano Lee Jae-myung expresó su malestar y pidió que no se vulnere la actividad legítima de ciudadanos y empresas que buscan el desarrollo conjunto de ambos países. El gobierno surcoreano ha gestionado la repatriación de los detenidos: unos 300 surcoreanos saldrían en un vuelo chárter con acompañamiento de autoridades.
El presidente estadounidense Donald Trump defendió la actuación de ICE y calificó a los detenidos de “extranjeros ilegales”, aunque días después planteó que, si hacen falta expertos, podrían autorizarse ingresos legales para capacitar a la fuerza laboral local. Un político republicano identificado como de extrema derecha afirmó haber informado a las autoridades sobre la presencia de trabajadores indocumentados en la obra.
La planta, iniciada en 2022, prometía la creación de hasta 8,500 empleos locales una vez operativa; la redada amenaza retrasos significativos en el proyecto. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional indicó que la mayoría de los detenidos serán deportados conforme a la ley.
Entre los tres japoneses detenidos, dos pertenecen a una empresa manufacturera del área de Kansai. La empresa afirma que sus empleados contaban con visados y realizaron la entrada a EE. UU. para supervisión de producción, tras consultar con abogados locales sobre el alcance de sus actividades. La firma evitó dar más detalles para no entorpecer las gestiones.
Expertos señalan que la operación encaja en la ofensiva migratoria intensificada por la administración, que fijó objetivos elevados de arrestos diarios y persigue mostrar mano dura contra la inmigración ilegal para atraer a su base electoral. Analistas advierten que esta postura genera tensiones con aliados y puede afectar la confianza de inversionistas extranjeros.
Las autoridades surcoreanas gestionan la salida de sus ciudadanos detenidos; las empresas implicadas evalúan impacto legal y operativo. El incidente plantea preguntas sobre procedimientos de visado para trabajadores técnicos desplazados por proyectos industriales y sobre el equilibrio entre control migratorio y atracción de inversiones extranjeras.
