El gobierno de Japón ha anunciado un paquete de medidas para mejorar el control y la transparencia sobre la propiedad de bienes raíces adquiridas por parte de extranjeros.
A partir de abril de 2026, se exigirá que las personas físicas incluyan su nacionalidad al registrar la transferencia de inmuebles o la adquisición de terrenos forestales.
Además, las empresas deberán declarar la nacionalidad de sus representantes cuando adquieran propiedades en zonas consideradas de importancia para la seguridad nacional, como áreas cercanas a instalaciones de las Fuerzas de Autodefensa.
También se ampliará la obligación de notificación para extranjeros residentes en el extranjero y empresas extranjeras que adquieran inmuebles, incluyendo no solo propiedades con fines de inversión, sino también aquellas para uso residencial, con el objetivo de facilitar la supervisión de la situación real de residencia.
El gobierno continuará revisando otros aspectos relacionados con la política migratoria y la gestión de la residencia, como el endurecimiento de los requisitos para la obtención de la nacionalidad japonesa y medidas contra el impago de seguros de salud y servicios médicos. Se espera que en enero próximo se presente un marco general sobre la política hacia los extranjeros.
Estas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional y mejorar la gestión de la propiedad inmobiliaria en un contexto de creciente interés extranjero en el mercado japonés.
