Japón ha decidido reforzar el control sobre la compra de inmuebles residenciales por parte de personas no residentes. La medida responde a la preocupación de que algunos compradores adquieren propiedades con fines de inversión y posterior venta y no para residir en el país.
Actualmente, la Ley de Control de Cambios y Comercio Exterior exige que los compradores extranjeros que adquieren bienes raíces con fines comerciales informen al gobierno en un plazo de 20 días. Sin embargo, según la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, esta obligación se ampliará para incluir también las compras de propiedades con fines residenciales.
El ministerio planea revisar la ley antes de abril para que esta nueva normativa también se aplique a ciudadanos japoneses que viven en el extranjero.
Esta medida busca un mayor control sobre el mercado inmobiliario y evitar la especulación.
