A partir del domingo, la prefectura de Tottori, en Japón, puso en vigor una ordenanza revisada que permite a las autoridades ordenar la eliminación de publicaciones difamatorias o discriminatorias en redes sociales, con multas de hasta 50,000 yenes (aproximadamente 320 dólares) para quienes no cumplan.
Esta medida, la primera de su tipo en Japón, busca complementar la ley nacional sobre plataformas de información que entró en vigor en abril de 2025, la cual exige a las redes sociales abordar contenidos difamatorios, pero no autoriza a las autoridades a emitir órdenes de eliminación.
Según la nueva ordenanza, cualquier residente puede solicitar al gobernador que pida a un usuario o administrador de sitio borrar una publicación que viole derechos individuales. El gobernador someterá la queja a un panel de expertos en derechos humanos, quienes pueden recomendar la orden de eliminación. Si el autor no cumple, el gobernador puede imponer la orden y hacer pública la identidad del infractor, además de aplicar la multa.
La ordenanza protege la libertad de expresión y limita las solicitudes a publicaciones dirigidas a personas específicas, considerando también el bienestar del autor, especialmente si es menor de edad.
El gobernador de Tottori, Shinji Hirai, espera que esta normativa funcione como un disuasivo contra los abusos en línea.
