Japón pondrá en vigor el lunes su ley revisada de control de la inmigración y refugiados, que supone un importante cambio en las normas sobre detención y repatriación de extranjeros sin estatus de residente.
La enmienda introduce una excepción a la suspensión general de la deportación aplicada mientras se tramitan las solicitudes de estatus de refugiado, permitiendo al gobierno deportar a los solicitantes que lo hacen por tercera vez y posteriores a menos que tengan una razón válida.
La ley revisada, promulgada durante la sesión ordinaria del año pasado de la Dieta, el parlamento japonés, tiene como objetivo deportar rápidamente a los extranjeros que han permanecido ilegalmente en Japón.
La versión anterior de la ley no establecía ningún límite en el número de veces que se podía solicitar el estatuto de refugiado. Algunos solicitantes abusaban del sistema presentando repetidamente solicitudes para evitar la deportación.
Según la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón, el número de personas consideradas evasoras de la deportación cuyas solicitudes de refugio se estaban tramitando había llegado a 1.629 a finales de 2021.
