Naciones Unidas, 14 dic (EFE).- La ONU dijo hoy estar “muy preocupada por los acontecimientos en Perú”, donde este miércoles se declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional, e insistió en que debe “mantenerse el estado de derecho”.
El portavoz del secretario general, Stéphan Dujarric, dijo en su rueda de prensa diaria que deben “quedar abiertas vías donde la gente pueda expresarse y manifestarse pacíficamente si así lo deciden“.
La declaración puede interpretarse como una aparente crítica a lo que supone el estado de emergencia, que estará vigente durante 30 días, pues implica “la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito”, según detalló hoy el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
Otárola dijo que el estado de emergencia se decidió en respuesta a “los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando (…) y requieren de una respuesta contundente y de autoridad”.
En las protestas de los últimos días, desatadas tras el fallido autogolpe del presidente Pedro Castillo y los acontecimientos subsiguientes -su detención y nombramiento en su lugar de la vicepresidenta Dina Boluarte- han muerto ya siete personas.
“Seguimos muy de cerca la situación” en el país, concluyó Dujarric.
Una ONG denuncia que la represión policial en Perú viola el marco normativo
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (Cnddhh) denunció este miércoles en un comunicado que la respuesta de las fuerzas policiales frente a las protestas que se vienen dando en los últimos días en el país “queda claramente fuera del marco normativo nacional e internacional”.
“Aunque en algunas protestas se vienen registrando acciones violentas y agresiones a periodistas y medios de comunicación, los altos funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte vienen avalando una respuesta de las fuerzas policiales que queda claramente fuera del marco normativo nacional e internacional”, afirmó la organización.
La organización informó que durante las marchas ha identificado “el uso de munición prohibida para el control de multitudes, incluyendo perdigones de calibre 00, o canicas de metal, canicas de vidrio, perdigones de metal y balas”.
También registró el disparo de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de manifestantes, lo que afirmó que vulnera el procedimiento reglamentario, que es disparar parabólicamente y nunca al cuerpo.
“Resultado de este proceder, un joven se encuentra en cuidados intensivos en la ciudad de Lima, con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave”, indicó.
En los disturbios, denunció disparos “indiscriminados a los manifestantes, desde el aire, e incluso con armas letales”.
Señaló que durante el cortejo fúnebre de los jóvenes fallecidos este domingo en la localidad de Andahuaylas, en el departamento sureño de Apurímac, existió una represión contra los participantes, pese al carácter pacífico del evento.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú ha identificado “comunicaciones y estigmatización de los manifestantes calificándolos como terroristas, agudizando así la polarización”.
Exhortó a la presidenta de la República, al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior, al director general de la Policía y a los jefes de las regiones policiales, “cumplir cabalmente con su rol de garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos que protestan, tomando las previsiones necesarias para evitar que las fuerzas del orden descritos se reiteren y sancionando a los responsables”.
También pidió a la Fiscalía de la Nación “disponer la asignación de fiscales de turno en las dependencias policiales de los lugares con mayor convulsión para cautelar los derechos de las personas detenidas”.
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