En un caso presentado por beneficiarios de la prefectura de Aichi contra el Estado y las autoridades locales, alegando que se han visto obligados a vivir por debajo del nivel de vida mínimo debido a la reducción gradual de las ayudas sociales (seikatsu hogo) desde el 2013, el Tribunal Superior de Nagoya ha anulado las reducciones y ha ordenado al Estado que les indemnice informa NHK.
Según los abogados de los demandantes, esta es la primera sentencia que ordena al Estado pagar una indemnización en una demanda colectiva similar.
El Estado redujo la cuantía de las ayudas sociales hasta un 10% entre 2013 y 2015, como reflejo de la caída de los precios en aquel momento.
Trece beneficiarios de la prefectura de Aichi reclamaron una indemnización al Estado alegando que se veían obligados a vivir por debajo del mínimo, y también exigieron que se revirtiera la reducción de las ayudas efectuada por el gobierno local.
En la sentencia en segunda instancia, hoy, el juez presidente del Tribunal Superior de Nagoya, Yasuhiro Hasegawa, dijo que “el Gobierno utilizó el propio índice del Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar, que carece de apoyo académico y coherencia lógica, para calcular la tasa de descenso de los precios a la hora de revisar la cuantía de las prestaciones que debían reducirse, y está claro que esto supone una violación del poder discrecional del Ministro y una infracción de la Ley de Protección del Bienestar. El Ministerio ha abusado claramente de sus facultades discrecionales, lo que es ilegal e infringe la Ley de Protección de los Medios de Subsistencia“.
Y agregó: “El Ministro fue manifiestamente negligente al realizar la una reducción ilegal. Los demandantes, antes que se les reduzca, ya vivían en dificultdes pero desde la reducción de la cuantía de la ayuda se han visto obligados a vivir de forma aún más inadecuada y durante más de nueve años. Aunque se anule la reducción, los demandantes seguirán sufriendo de angustia mental” dijo el juez, y el tribunal revocó la reducción y ordenó al Estado indemnizar a los 13 demandantes con 10.000 yenes por persona (1万円の賠償) como compensación.
Según los abogados de los demandantes, se han presentado demandas colectivas similares en 29 localidades de todo el país, pero ésta es la primera sentencia que ordena al Estado el pago de indemnizaciones.
Resumen: NHK
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