El tribunal local de Chiba rechazó la demanda de Siaw Johnson Kwaku, un hombre ghanés, para recibir asistencia social.
El africano Kwaku había solicitado al tribunal que revocara el rechazo del gobierno municipal de Chiba a su solicitud de asistencia social basada en su nacionalidad extranjera.
En una explicación de la sentencia, el juez presidente Tadahiro Okayama dijo: “La elegibilidad para recibir asistencia social está definida para los ciudadanos nacionales y los extranjeros no están incluidos”.
El equipo legal de Kwaku argumentó que tenía derecho a recibir asistencia social basada en un decreto de 1954 del entonces Ministerio de Salud y Bienestar. Sin embargo, el juez Okayama dictaminó que no todos los extranjeros con estatus de residencia están cubiertos.
Después de la sentencia del tribunal, Kwaku expresó su intención de apelar en una conferencia de prensa en la ciudad de Chiba. “No quiero perder la esperanza”, comentó en japonés.
Tras llegar a Japón en 2016, Kwaku asistió a una escuela de idioma japonés. Después de graduarse, comenzó a trabajar haciendo pan en una empresa de productos alimenticios.
Según fuentes, incluida la sentencia del tribunal, Kwaku desarrolló insuficiencia renal crónica y comenzó a recibir tratamiento de diálisis en 2019. En noviembre de 2021, solicitó asistencia social a la ciudad, habiendo obtenido estatus de residencia por motivos médicos.
Al mes siguiente, la ciudad rechazó su solicitud, argumentando que su estatus de residencia no justifica el mismo trato que los ciudadanos japoneses. Desde que su enfermedad se manifestó, Kwaku ha necesitado recibir tratamiento de diálisis tres veces a la semana, pero debido a que no se le permite trabajar con su estatus de residencia actual, ha perdido su fuente de ingresos por lo que solicitó recibir el seikatsu hogo.
Según una notificación del antiguo Ministerio de Sanidad, hubo un tiempo en que las personas de otras nacionalidades podían recibir ayudas sociales en general. Sin embargo, debido al aumento de extranjeros residentes y a otros factores, en 1990 se emitió una notificación verbal en la que se especificaba quién podía recibir las ayudas. Así, el ámbito de aplicación se limitó a los extranjeros con estatus de residencia permanente, excluyendo a aquellos que, como Johnson, obtienen la residencia por motivos de tratamiento médico.
El abogado del demandante, Satoshi Oikawa, comentó: “Esperábamos que la sentencia condujera hacia una sociedad de coexistencia, pero el tribunal sigue atrapado en viejas formas de pensar. Queremos luchar frontalmente contra la cuestión de los derechos de residencia de los extranjeros”.
Resumen: Mainichi
Link de la noticia: AQUI
[wp-stealth-ads rows=”2″ mobile-rows=”3″]
