El gobierno aprobó un proyecto de ley destinado a ayudar a las personas que sufren dificultades financieras como resultado de las donaciones solicitadas por organizaciones religiosas controvertidas como la Iglesia de la Unificación.
El proyecto de ley permitiría a los seguidores y a sus familiares anular dichas donaciones si se las han solicitado de forma malintencionada, al tiempo que prohibiría a las corporaciones religiosas pedir a los creyentes que se presten dinero (de bancos, prestamistas, etc) para realizar donaciones.
Algunos partidos de la oposición han instado al gobierno a ampliar el alcance de las restricciones para salvaguardar a más víctimas en el marco de la legislación de ayuda prevista.
El proyecto de ley se preparó después de que familiares y ex seguidores de la Iglesia de la Unificación salieran a los medios a hablar de su ruina financiera debido a tales donaciones.
El primer ministro Fumio Kishida, cuyos índices de aprobación de su gabinete han ido cayendo debido en parte a la mala gestión de su gobierno en los asuntos relacionados con la Iglesia de la Unificación, pretende que la legislación se promulgue durante la sesión parlamentaria en curso hasta el 10 de diciembre.
La Iglesia de la Unificación, creada por un acérrimo anticomunista en Corea del Sur en 1954, es conocida por sus “ventas espirituales”, en las que se presiona a la gente para que compre artículos a precios exorbitantes mediante amenazas, como invocar un “karma ancestral” negativo.
El proyecto de ley sobre donaciones prohibiría a las corporaciones religiosas recaudar fondos de forma ilícita por medios como avivar el miedo mediante el uso de una coacción “espiritual” irracional.
En un intento de ayudar a quienes ya han aportado dinero a las organizaciones, el proyecto de ley permitiría a estas personas recuperar sus donaciones hasta 10 años después de haber dado los fondos.
El principal partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional de Japón, y el Partido de la Innovación de Japón, han pedido que el proyecto de ley permita cancelar las donaciones de los seguidores que se encuentran bajo la influencia del lavado de cerebro, conocido como “control mental“.
Sin embargo, el gobierno y el gobernante Partido Liberal Democrático, rechazaron la petición de los partidos de la oposición, alegando que sería difícil definir ese estado de ánimo (control mental) o determinar a quién le han lavado el cerebro en términos legales.
En su lugar, el gobierno ha decidido incorporar una cláusula en el proyecto de ley que obliga a las corporaciones religiosas a “no suprimir el libre albedrío” de sus seguidores, en un intento de disuadirlas de recibir donaciones de forma injusta.
Kishida dijo que la cláusula permitiría a los afectados por la solicitación ilegal recuperar su dinero a través de los procedimientos legales del derecho civil.
El gobierno también tiene previsto revisar dos leyes existentes sobre contratos de consumo para apoyar a las víctimas de ventas espirituales antes de que finalice la actual sesión de la Dieta.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
Resumen: NHK
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