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Gbno. aprueba proyecto de ley que protege a camioneros de los contratistas y operadores


El gobierno  aprobó hoy un proyecto de ley para mejorar las condiciones laborales de los conductores de camiones, promoviendo mejores salarios e implementando medidas para reducir las horas de trabajo, en respuesta a la escasez de mano de obra en la industria logística.

La ley requerirá que los contratistas principales mantengan documentación para rastrear quién trabaja en sus proyectos, con el objetivo de combatir la subcontratación sobre subcontratación (varias empresas) que finalmente deja al conductor de camión con un salario bajo.

Se instará a las empresas a reducir el tiempo de espera de los conductores al cargar su carga, imponiendo multas de hasta 1 millón de yenes (6.700 dólares) si no siguen la orden estatal de realizar mejoras.

La práctica de tener múltiples subcontratistas se ha normalizado dentro de la industria, con el valor de los contratos disminuyendo a medida que el trabajo pasa de mano en mano y los intermediarios se llevan su parte. A veces, esto significa que la empresa principal que contrata el servicio desconoce qué empresa es responsable de transportar sus mercancías. Al exigir la creación de documentación para rastrear cómo se contrata al conductor, el gobierno espera mejorar los arreglos de transporte a través de una mayor transparencia, según funcionarios gubernamentales.


Las empresas estarán obligadas a registrar los nombres de las empresas de transporte que llevan las mercancías y cuántas veces se ha subcontratado el trabajo, y mantener la información durante un año. También se les exigirá documentar los detalles del trabajo subcontratado, incluido el costo y si incluye la clasificación de las mercancías y la compensación por dicho trabajo, para garantizar que los subcontratistas sean compensados adecuadamente.

Además, se pedirá a las empresas que elaboren planes destinados a reducir los tiempos de carga y luego los presenten como propuestas al gobierno. También se implementará un elemento de informe regular. El gobierno puede imponer una orden de corrección como consecuencia de un progreso insuficiente en sus planes, y la empresa que no cumple las normativas será expuesta al escarnio público si no cumple con las órdenes.

La empresa puede ser multada si ignora una directiva oficial.
Resumen: Asahi
Link de la noticia: AQUI


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