Una mujer musulmana de unos 40 años, del sudeste asiático, y su hija de 6 años demandaron al Gobierno Metropolitano de Tokio por un total de 4.4 millones de yenes (unos $28,000) debido a presunta discriminación y maltrato por parte de la policía en un hecho que ocurrió en el 2021. La demandante criticó que el veredicto alentará la discriminación contra los extranjeros que viven en Japón y planea apelar la decisión.
La policía llegó al parque después de la llamada de un hombre quien dijo que la niña extranjera habia pateado a su hijo, algo que la mujer negó, ella dijo que la policía se puso de parte del japonés a pesar que su hija no agredió al niño. Además, los policias cuestionaron a la mujer y a su hija en el parque y luego las llevaron a una estación de policía donde estuvieron 3 horas. Además, los policías le dieron la dirección y número de teléfono de la mujer al hombre. Dijo que los policías le obligaron a decir su dirección y teléfono para proporcionarlo al hombre porque no la dejaban irse hasta que les dé esos datos, por lo que no fue consentido, como afirma la policía, sino que la obligaron.
La demandante alegó que fue ilegal cuestionar a su hija de 3 años sola en una estación de policía y dar la información personal de la mujer al hombre sin su consentimiento.
Sin embargo, el tribunal se negó a reconocer la reclamación de las demandantes y afirmó que la permanencia de la hija había durado unos 10 minutos en total y que la mujer había dado su consentimiento.
Respecto al compartir la información personal, el tribunal adoptó el testimonio de los agentes de policía y concluyó que la mujer les había dado su consentimiento. La demandante expresó su frustración diciendo, entre lágrimas, que el “juez cree que todos los policías dicen la verdad y que el juez piensa que es legal interrogar a una bebé de 3 años sola en un idioma que no entiende.”
“Me gustaría pedir a todos los japoneses y extranjeros de buen corazón que se unan para hacer la paz, la justicia, la igualdad y para proteger los derechos humanos de todas las personas que viven en Japón“.
Atsuko Nishiyama, abogada de los demandantes, declaró: “Esperábamos un debate en profundidad sobre la discriminación racial, pero el tribunal nos ha dado la espalda. No puedo creer que esto sea lo que obtengamos después de casi tres años de vista del caso”. También señaló: “No tiene sentido leer sentencias que dicen que es natural que un policía haga algo así, cuando lo cierto es que el policía les dijo e hizo algo que no debía hacer, como cuestionar a una niña de 3 años y dar la información personal a un hombre que les gritaba. El tribunal debería haber juzgado cuidadosamente la posibilidad de que la policía actuó de forma racista”.
En cuanto a la entrega de la información personal de la mujer, la abogada dijo: “Es un gran problema que el tribunal no haya abordado el hecho de que la policía debería haber sido cautelosa al tratar con un hombre que había utilizado repetidamente un lenguaje y un comportamiento discriminatorios contra la extranjera y su hija.”
Por su parte, el Departamento de Policía Metropolitana comentó que su procedimiento había sido aceptado y que el juez así lo reconoció.
Resumen: Mainichi
