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El Gobierno de Perú defiende a Castillo, mientras la Fiscalía justifica la acusación

Lima, 12 oct (EFE).- El Gobierno de Perú defendió este miércoles al presidente Pedro Castillo de la acusación de que lidera una organización criminal en el Ejecutivo, mientras que la Fiscalía justificó la denuncia presentada el martes contra el gobernante en las “presiones intensas” que sufren los investigadores del caso.

Un día después de que la fiscal general peruana, Patricia Benavides, envió una denuncia constitucional al Congreso, el primer ministro, Aníbal Torres, aseguró que esta acusación solo busca “desestabilizar al país”.

“Esta denuncia es contraria a la Constitución”, enfatizó Torres en una rueda de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, en la que remarcó que “se pretende desconocer el artículo 117 de la Constitución”, que establece que el presidente solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, que no contemplan los delitos de corrupción.

El primer ministro añadió que la acusación “no corresponde a la realidad jurídica” peruana y recordó que también ha sido incluido en la investigación, por lo que dijo que cualquier tema se “tiene que probar, porque no alegremente se puede incluir a una persona en una investigación y por un delito sumamente grave”.

A partir de esto, Torres se preguntó qué garantía tienen los peruanos “con una justicia así” y consideró que cualquier ciudadano está “sumamente en peligro de que pueda ser imputado por un delito y después puede decir que pruebe su inocencia”.

En ese sentido, aseguró que “Perú necesita de una reforma profunda en todo el sistema de justicia, Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Academia de la Magistratura”.

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PRESENTAN ACUSACIÓN CONTRA LA FISCAL

La acusación presentada contra el gobernante fue respondida horas después por la ministra de Cultura, Betssy Chávez, quien también presentó una denuncia constitucional en contra de la fiscal por infracción a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricación.

Chávez, quien también es parlamentaria, remitió su documento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y señaló que Benavides denunció al presidente por delitos que no figuran en la Constitución peruana.

Añadió que “de lo manifestado se puede evidenciar que el hecho principal que es materia de investigación es la existencia de un poder que pretende atentar contra la institucionalidad y la figura y la investidura del presidente de la República utilizando diversos mecanismos fuera de la Constitución”.

La fiscal general presentó este martes la denuncia constitucional contra Castillo como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.

También por delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).


LA FISCALÍA DEFIENDE SU DENUNCIA

En ese sentido, la fiscal suprema Marita Barreto, jefa del Equipo Especial contra la corrupción del Poder, aseguró este miércoles que estas investigaciones están siendo obstaculizadas por “presiones intensas” de la presunta organización criminal que supuestamente lidera el mandatario.

“La presión del poder es tan intensa, tan fuerte, que no podemos desarrollar la investigación como quisiéramos, y esa es la diferencia entre una organización criminal estructurada”, sostuvo Barreto antes de asegurar que algunos de los investigadores han recibido “amenazas de muerte”.

Remarcó, además, que con la presentación de esta denuncia “histórica, porque no ha pasado antes”, Benavides dejó en manos del Congreso “la decisión que el país seguramente está esperando”.

Sin embargo, además de la acusación constitucional presentada por la ministra Chávez contra Benavides, los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio presentaron una denuncia penal contra la fiscal general por la presunta comisión del delito de prevaricación, que contempla una pena máxima de cinco años de prisión.
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